EL PROCESO
Si Kafka hubiera escrito “El
proceso” en la España de hoy, el protagonista de su relato, Josef K., además de
ser arrestado una mañana por una razón que desconocía hubiese visto el sumario
de su caso filtrado en prensa y debatido en televisión. "Alguien debió de
haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue
detenido.”. Y conducido al plató de “condéname de luxe” para que la concurrencia
se forme una sólida opinión fundada en Derecho con alguna ex cuñada de
tonadillera.
Vemos cada día casos llamativos de
vapuleo en la plaza pública a personas por su relevancia social, y cuyos
problemas con la justicia se airean con continuas filtraciones tan confusas
como disparatadas. El caso de la Infanta Cristina es sangrante, aunque no es el
único: publicación en prensa de informes que se contradicen, con datos falsos y
cuya investigación por parte del juez era tan sencilla, y el error tan
evitable, como que pudo mandar un oficio al Registro de la Propiedad para cotejar
la información de la titularidad de las fincas. Lo peor no es el error de la
Agencia Tributaria, que también, sino que de este procedimiento judicial
sabemos hasta cómo se grapan los folios conforme van llegando. Si no se hubiera
filtrado el informe erróneo conforme llegaba no se hubiera machacado la
reputación de la investigada. Si el juez Castro en lugar de en las paredes de
un juzgado instruyera la causa en una diáfana urna de cristal acondicionada con
cámaras por la productora de Gran Hermano, sus pasos y actuaciones no serían
más cristalinas. Y como él, otros. El caso de Miguel Blesa, por ejemplo, a
quien, con independencia de la mayor o menor simpatía que se tenga por el
personaje, un juez ha enviado a prisión con el rigor de la información de la
Wikipedia en un platillo de la balanza.
El sistema judicial español, y más
aún la instrucción y el enjuiciamiento penal, tienen un problema: en muchos casos de relevancia objetiva,
por la gravedad o importancia del asunto a enjuiciar, o subjetiva, por la
participación en los hechos de personas de relevancia pública, los investigados
o enjuiciados se ven sustraídos del derecho a la presunción de inocencia. Son
juzgados en paralelo por una turba televidente tan ayuna de formación jurídica
como de prudencia que se alimenta de filtraciones, desmentidos e
inconsistencias. Y a veces, es aún más grave porque la información sale del juzgado.
Las filtraciones de un juzgado no siempre salen del juez, y son una excepción,
pero enturbian el trabajo riguroso de la mayoría. Además no puede negarse que
el afán de protagonismo de algunos jueces va en aumento. Tras el gran “big
bang” garzonita los “jueces estrella” empiezan a ser una constelación, y el
fenómeno ha dejado de ser exclusivo de las altas cúpulas judiciales para
expandirse hacia abajo y en horizontal. No voy a ser gremialista y también hay
abogados que filtran interesadamente a la prensa pero la responsabilidad última
de lo que pasa en un Juzgado y en un proceso es del juez.
En ningún país los jueces hablan
ante las cámaras o dan conferencias sobre los casos que instruyen o juzgan. Ni
sus mujeres escriben libros contando interioridades del proceso como si fueran
Sara Carbonero hablando del vestuario del Real Madrid. Los jueces estrella son
pocos y los conocemos a todos porque les gusta posar como si no posaran,
ajustarse los gemelos de la camisa, subir las escaleras del juzgado a saltitos
y acelerar el paso con andares repletos de importancia que anuncian que el juez
entra a su juzgado. Algunos quieren alcanzar la fama siendo “sensibles” con parte
de una indignación ciudadana que quiere causas generales contra banqueros, políticos
y lo que se ponga por delante. La presunción de inocencia está protegida y
garantizada, pero debe regularse su ámbito extraprocesal, es decir, la relación
que han de tener jueces, fiscales y abogados con los medios. El desmadre
existente con los juicios “mediáticos” afectan a la efectividad de la
intervención de la Justicia porque la vulgarizan, y esa vulgarización afecta a
la baja confianza y escaso respeto que los ciudadanos tienen por la casi
sagrada labor de impartir justicia. Afecta a la sociedad democrática de la
información, a los poderes públicos y al concepto de ética pública. Un
sacerdote le dice a Josef K. durante su visita a la catedral: “La sentencia no
se dicta de repente: el proceso se convierte poco a poco en sentencia.”.
Víctor M. Serrano Entío. Abogado.
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