REFORMA DE LA LEY DE
HACIENDAS LOCALES
Las
ciudades, como sus ciudadanos, tienen alma propia. Para Baudelaire, la ciudad es
un abismo para el hombre, una fuente de placeres que conducen a la perdición
del alma. Y como el Gobierno de España está en el empeño de que sólo pequemos
en los casinos pero no con el alma ni el presupuesto, ha pergeñado un borrador de reforma de la Ley de Haciendas
Locales, que se llevó el pasado viernes al Consejo de Ministros, en el que
prohíbe a los Ayuntamientos asumir competencias en materia de vivienda,
educación y servicios sociales, que es justamente el alma de la gestión, la
acción más humana y decente que los Ayuntamientos pueden hacer por sus ciudades.
Debe ser esto lo que el Gobierno reformista del PP entiende por potenciar el
municipalismo frente al despilfarro autonómico, canción muy tarareada antes de
asumir el poder.
La política
municipal, la que realmente perciben los ciudadanos como cercana y con
capacidad para paliar o agudizar sus sufrimientos cotidianos, queda mutilada.
Rajoy, marxista de la rama “grouchana”, tenía también unos principios en
materia de Administración local y autonómica, queriendo potenciar a la francesa
el papel de los ayuntamientos frente al de las derrochonas Comunidades Autónomas,
pero ya saben, Mariano tiene sus principios pero si no… tiene otros. El borrador de la reforma de la Ley de Haciendas Locales, borrador
definitivo después de que el Gobierno haya manejado un sinfín, distintos
e incluso incompatibles entre sí, con la vivienda entrando y saliendo por la
puerta giratoria del capricho legislador, obedece a esa filosofía muy de
nuestros días que quema en el sacrosanto altar del equilibrio presupuestario
cualquier ofrenda con tal de que las cuentas cuadren. La única Ley que va a
tener sentido en España es el Plan General de Contabilidad. Pero con este
borrador las cuentas seguirán sin cuadrar, los ayuntamientos se sanearán
ocupándose sólo de arreglar baches y cambiar bombillas pero las Comunidades
Autónomas aumentaran muy notablemente su gasto.
En Aragón
lo previsto es un disparate. La prueba del nueve la pueden hacer con la
vivienda social. En Zaragoza, el Ayuntamiento asume prácticamente el cien por
cien de las viviendas sociales destinas a alquiler. En los años de bonanza, la
Comunidad Autónoma construía vivienda protegida en régimen de venta casi como
un Promotor más, olvidándose del alquiler y la rehabilitación. Ahora, en una
situación alarmante para muchos ciudadanos que ven peligrar su techo, la acción
prevista en materia de alquiler es prácticamente idéntica. Lo mismo ocurre en
otros muchos municipios de Aragón, en los que si no ha habido inversión
municipal en materia de vivienda social y alquiler, la aportación del Gobierno
de Aragón en los últimos diez años ha sido escasa. Eso sí, en muchos de esos
municipios hay Vivienda Protegida de Aragón en régimen de venta y vacía. Y lo
mismo ocurre en materia de servicios sociales, quedando esta circunstancia paliada
en educación, donde no obstante también los municipios han construido escuelas
infantiles, por ejemplo, y en muchos casos utilizando suelo cedido a favor de
los Ayuntamientos en cumplimiento de la normativa urbanística que, imagino,
ahora también deberá ser reformada.
El
planteamiento de que eliminando competencias a los Ayuntamientos se ahorra y
gestiona más eficazmente es también falaz. En primer lugar gestionar los
problemas desde ámbitos más lejanos conlleva más infraestructura, más gastos y
más ineficacia. En segundo lugar, el borrador no prevé una distribución
distinta de ingresos y gastos. Si los ingresos municipales se mantienen pero se
recortan los gastos es evidente que los municipios deberán endeudarse menos,
pero si lo que se prevé no es la eliminación de la acción pública en materia
social, educativa o de vivienda, sino trasladar con carácter exclusivo su
competencia a la Comunidad Autónoma, serán estas Administraciones, mucho más
endeudadas que los Ayuntamientos en términos netos, brutos y de eficacia real,
las que deberán con los mismos ingresos asumir el coste y ahondar en su
endeudamiento. Lo bueno del borrador es que es un borrador y que en el partido
del Gobierno hay insignes municipalistas que han hecho una buena gestión en estas
materias y que imagino tendrán cosas que decir para evitar que el PP comenta un
tremendo error. Alguno incluso se sienta en el Consejo de Ministros.
Víctor M.
Serrano Entío. Abogado.
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